El director general para la Memoria Histórica se dirige a los detractores de la exhumación de miles de víctimas franquistas
Tras años de reivindicaciones y lucha por el reconocimiento de derechos por los represaliados, Fernando Martínez, director general para la Memoria Histórica, habla sobre su línea de acción y próximos retos en torno a la exhumación del cuerpo de Franco y de miles de víctimas del régimen en una entrevista para El País.
Martínez ha reconocido que se trata de un proceso que necesita mucha financiación. “El estudio previo y la exhumación son unos 1.000 euros por cadáver sin el ADN, a los que se suman otros 700 a 1.000 por individuo” ha explicado. Según palabras textuales “la idea es que el Estado asuma la responsabilidad. Es una tarea fundamental de la democracia”. Además, ha contestado a los detractores de destinar dinero público a la causa explicando que “es un derecho fundamental. Si tuvieran un padre en esa situación querrían darle digna sepultura”.
Otro de los puntos clave, según comenta el entrevistado, es la educación. Para él, es evidente que existe un déficit de conocimiento sobre la represión en la Guerra Civil. “La represión franquista debe encontrarse en los libros de texto. Es algo que se tiene que estudiar” ha declarado. Sobre la polémica de la exhumación del dictador, Martínez sostiene que el Gobierno ha puesto en marcha todas sus herramientas para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos porque “el dictador no puede mantenerse en un mausoleo público con sus víctimas”. Asimismo, ha asegurado que el equipo de gobierno pondrá todas las cautelas para que la nueva ubicación de los restos de Franco “no se convierta en un lugar donde se pueda exaltar el franquismo”, si bien no ha querido aclarar si Pedro Sánchez evitará que sea enterrado en la Catedral de la Almudena.
En cuanto a la Fundación Franco y su legalidad, el entrevistado se pregunta “¿Existe en Alemania una Fundación Adolf Hitler? ¿Por qué en España sí?”. Según sus palabras, “obviamente es algo que no cabe dentro de los valores democráticos ya que incita continuamente al odio sobre las víctimas del franquismo”. Para finalizar, ha afirmado que “la voluntad es ilegalizarla, pero aún no hay plazo”.
Además, se ha postulado a favor de anular las sentencias de los tribunales franquistas, a los que califica de “ilegítimos”. Ha confirmado que el Gobierno piensa crear una Comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura con expertos independientes, historiadores y componentes de la ONU, aunque ha reconocido que no está nada concretado aún, porque “es un tema complejo que necesita consenso y que se debatirá en el Parlamento”.
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