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“La sociedad está obligada a ofrecer las pensiones que ha prometido a los trabajadores”

UGT ha llevado a Mérida el debate sobre el futuro de las pensiones

UGT Extremadura ha celebrado en Mérida una conferencia sobre ‘Pensiones actuales y futuras. El sistema a debate’ en la que se ha reflexionado sobre las tendencias y perspectivas de futuro del sistema de pensiones en España y en el resto del mundo.

Durante el evento, el economista Javier Diaz ha explicado que el problema de las pensiones está fundamentalmente impactado por los cambios tecnológicos, médicos y demográficos. El experto ha declarado que “la sociedad está obligada a ofrecer las pensiones que ha prometido a los trabajadores porque es un derecho adquirido gracias al trabajo de toda una vida. Además, debemos plantearnos si el sistema de pensiones va a ser capaz de acoger a los nuevos españoles”.

El acto ha contado también con las ponencias de expertos como son Inmaculada Domínguez, profesora de la Universidad de Extremadura, y Antonio González González, Coordinador de la Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. La mesa ha sido moderada por María José Ladera, secretaria de Igualdad, Política Social y Salud Laboral de UGT Extremadura.

Antonio González ha afirmado que hay un límite lógico para las pensiones, pero no sabemos si tiene que ser el 10% o el 20% de los Presupuestos del Estado. La clave es que tenemos que hacer supuestos de futuro para ajustar las pensiones el máximo. Para el coordinador “saber los escenarios demográficos nos ayudará a conocer el importe que supondrán las pensiones y así equilibrar las pensiones para alcanzar su viabilidad”.

El evento ha estado abierto al público y se ha desarrollado en la Casa del Pueblo de Mérida. A la finalización del mismo, se ha abierto un coloquio para la participación del público.

La ponencia se ha enmarcado dentro la serie de actos, debates y mesas redondas conmemorativos del 130 aniversario de UGT. Uno de los objetivos de la conferencia ha sido debatir sobre las reformas de 2011 y 2013 y la “contrarreforma” de 2018. Para orientar los debates, se ha aportado una introducción que establece las consideraciones generales de UGT sobre la materia.

Para la Unión General de Trabajadores el sistema de pensiones es uno de los pilares del Estado de Bienestar en España. De naturaleza pública, apoyado en un sistema de reparto, tiene como principios la equidad, seguridad y suficiencia de las pensiones. La reforma del sistema realizada por el Partido Popular en 2013, al margen del Pacto de Toledo, ha debilitado sus fundamentos, y el Sistema sufre de manera constante el asedio de fuertes grupos de interés que aspiran a entrar en el negocio de las pensiones a costa del desmantelamiento del sistema público.

UGT rechaza cualquier reforma que avance hacia su privatización y al abandono de los principios que lo rigen, al tiempo que abogamos por que el derecho a la Seguridad Social y la protección social sea reconocido como un derecho fundamental de las personas y goce de la máxima protección constitucional.

Las reformas que necesita el Sistema público de pensiones en España deben encaminarse a buscar fórmulas que lo adapten a la evolución de nuestra sociedad siendo fiel a sus principios. Eso significa buscar adoptar las medidas y los recursos que garanticen el sistema, no desvirtuarlo o desmantelarlo bajo la premisa de que resulta imposible su financiación. Más bien al contrario, las pensiones asistenciales y no contributivas tienen que constituir un zócalo básico de protección, financiadas vía presupuestaria por su propia naturaleza solidaria.

El Sistema Público de Pensiones debe completar su extensión y avanzar en equidad e igualdad de trato, revisar e incrementar la cuantía de las pensiones mínimas, garantizar el mantenimiento y/o ganancia de poder adquisitivo de las pensiones mediante su actualización conforme al IPC, solucionar la penalización actual de las jubilaciones anticipadas y atender opciones adecuadas de prejubilación.

El primer obstáculo para la viabilidad futura del sistema es la ley de pensiones del año 2013, cuya derogación es imprescindible y así aliviar al sistema de cargas financieras que no le son propias.

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