Durante el acto se ha defendido la importancia del sistema de subsidios y se han criticado las consecuencias de la reforma del 2013
La conferencia titulada ‘Reformas del Mercado Laboral y del Sistema Público de pensiones’, que se incluye dentro del programa de actos conmemorativos con motivo del 130 aniversario de UGT, ha tenido lugar en el Palacio de Condestables de Pamplona. Han participado Toni Ferrer, secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE y Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. La encargada de moderar el debate ha sido la periodista Charo Martínez.
Durante la ronda previa de atención a los medios, Ferrer ha pedido a las fuerzas nacionalistas que apoyaron la moción de censura que apoyen la «agenda de cambio» del Gobierno de Pedro Sánchez. Respecto a la reforma laboral, ha subrayado el compromiso del poder ejecutivo de pactar con Unidos Podemos para «fortalecer la negociación colectiva, recuperar el papel del convenio sectorial que quedó debilitado por el convenio de empresa que hizo la reforma laboral del PP, recuperar la ultractividad de los convenios, todo lo referente a las suspensiones temporales de empleo, y fortalecer la contratación indefinida«. Ha agregado que a partir del año entrante «se va a abrir la discusión del diálogo social con la patronal y sindicatos para producir una reforma global del Estatuto de los Trabajadores y en paralelo se creará una comisión de expertos para su redacción«.
Entre las iniciativas que el secretario ha sugerido, se encuentran actuar sobre el empleo «que en nuestro país está caracterizado por ser precario, temporal, estacional, con bajos salarios, que actúan con la desigualdad y generan pobreza laboral«. Y respecto al empleo juvenil, pretende que «del 1 de enero hasta 2023 se reduzca la tasa de paro en 10 puntos y que anualmente se aumente la contratación indefinida de jóvenes en 15 puntos, y que va a estar dotado con 2.000 millones de euros«.
Por su parte, Ruesga ha abordado el tema de los subsidios, remarcando que «hay que entender que los ingresos del Estado tienen que incrementarse para hacer frente a la contingencia de más gasto en pensiones«. Ha hablado a favor de conservar las pautas del Pacto de Toledo conforme al IPC para poder tomar medidas ‘en una reforma concreta’. Para evitar los posibles «problemas en cuanto a la financiación y la carga del sistema público de pensiones sobre el erario público«, ha pedido «ampliar los ingresos que se utilizan para financiar el sistema público de pensiones, dotarle de una financiación suficiente, para que no tengamos que estar año a año abordando el incremento de gasto que se está produciendo y se va a producir en el futuro«.
Al igual que su compañero, Ruesga ha enfatizado la relación entre los cambios en el mercado laboral y las pensiones, y ha sostenido que «en los próximos años, con ese incremento de mejores salarios y de más empleo, no cubriríamos el incremento de gasto que venga derivado por razones de tipo demográfico» porque «va a crecer bastante en los próximos 10-15 años el volumen de pensionistas y a más ritmo que el volumen de empleo«. Ha agregado que «un país que está en un nivel de presión fiscal, de ingresos públicos del conjunto del Estado sobre el PIB bastante por debajo de la Unión Europea, tiene que pensar que si quiere situarse en los estándares de las sociedades más modernas en materia de prestaciones sociales tiene que aumentar los ingresos públicos«.
UGT sostiene que el sistema de pensiones es uno de los pilares del Estado de Bienestar en España. De naturaleza pública, apoyado en un sistema de reparto, tiene como principios la equidad, seguridad y suficiencia de las pensiones. La reforma del sistema realizada por el Partido Popular en 2013, al margen del Pacto de Toledo, ha debilitado sus fundamentos, y el Sistema sufre de manera constante el asedio de fuertes grupos de interés que aspiran a entrar en el negocio de las pensiones a costa del desmantelamiento del sistema público. UGT rechaza cualquier reforma que avance hacia su privatización y al abandono de los principios que lo rigen, al tiempo que abogamos por que el derecho a la Seguridad Social y la protección social sea reconocido como un derecho fundamental de las personas y goce de la máxima protección constitucional.
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