EL CESIDA asegura que el riesgo de trasmisión del VIH en el ámbito laboral es nulo
La «Jornada para la no discriminación laboral de las personas» organizada por Cesida conjuntamente con FELGTB, ‘Trabajando en Positivo’ y los sindicatos UGT y CC.OO (miembros de la Comisión «VIH y Empleo», se ha desarrollado en el Consejo de la Juventud de España. El objetivo es acabar con la discriminación laboral que sufren las personas con VIH.
En el acto de inauguración, Ramón Espacio, presidente del CESIDA, ha asegurado que «el riesgo de trasmisión en el ámbito laboral no existe». Además, la jornada ha contado con Julia del Amo, directora del Plan Nacional sobre el Sida (PNS), quien ha resaltado que “el VIH ha sido catalizador en la defensa y promoción de los derechos humanos en general”. Del Amo ha explicado los próximos pasos que se van a dar para la implementación del Pacto Social por la no discriminación de las personas con el VIH, que el próximo 5 de febrero se presentará en la XXIX Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida. En este evento se solicitará la adhesión de diferentes agentes sociales e institucionales implicados. La directora del PNS agradeció la labor de CESIDA como coordinadora estatal: “estáis a la vanguardia, un paso por delante”.
Para abordar los avances en el fin de la discriminación del acceso a la función pública para las personas con VIH y otras patologías ha estado presente Javier Rueda, director General de la Función Pública. Rueda destacó que la situación actual de desigualdad es fruto de la alarma de pandemia generada en los primeros años de la enfermedad, cuando no se disponía de suficiente información, y se crearon barreras de acceso al empleo público. En la actualidad, la efectividad de los tratamientos antirretrovirales no justifica esta discriminación. El director General declaró que en la Administración Pública “queremos a los mejores y no podemos permitirnos el lujo de dejar a gente excluida por tener una enfermedad”. El 30 de noviembre el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la eliminación del VIH, psoriasis, celiaquía y diabetes de los cuadros de exclusión a cualquier empleo público, ya que estas enfermedades no afectan en el ámbito laboral.
Al acto ha acudido también Ignacio Sola, director General de Igualdad de Trato y Diversidad, quien se ha mostrado rotundo: “actualmente discriminar está prohibido”. Según Sola, las nuevas leyes son instrumentos para garantizar la protección de los derechos de las personas con VIH, ya que “los avances sanitarios actuales no justifican la discriminación y el VIH no debe ser causa de segregación en el empleo”.
Miguel Ángel Ramiro, coordinador de Clínica Legal y director de la Cátedra DECADE de la Universidad de Alcalá, ha abordado la situación de discriminación laboral en la empresa privada y ha presentado el caso de las empresas de seguridad. El real decreto 2487/1998 señala expresamente el VIH como criterio de exclusión para portar armas en el desempeño de la función de seguridad privada. Roberto (nombre ficticio) relató su caso de discriminación en este sector. Tras un examen médico en el que se puso de manifiesto su enfermedad, fue declarado no apto para seguir ejerciendo como seguridad privada tomando como referencia el Real Decreto 2487/1998, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar este tipo de servicios. Aunque la empresa le apoyó y le reasignó a otro puesto de trabajo, éste era de categoría inferior, lo que supuso pérdida salarial, además de la dificultad de promocionar. “He llorado de impotencia por la calle. Nos obligan a mentir para poder trabajar”, confiesa Roberto.
Desde ‘Trabajando en Positivo’, Julio Gómez Caballero, director, ha resaltado que las personas con VIH tienen una alta capacidad para aprovechar las oportunidades laborales, ya que más del 90% de las personas que acceden al mercado laboral con el apoyo de las ONG, cumplen siempre con los contratos firmados. Además, como novedad de la organización para el año 2019, ha destacado la creación de un servicio de asesoría jurídica para personas con VIH que hayan vivido una situación de vulneración de derechos en el ámbito laboral. Desde los sindicatos, Gemma Ramón, Responsable del Dpto. Confederal de Servicios Sociales de UGT, ha destacado la necesidad de trabajar con un enfoque de derechos en mayúsculas para lo cual es necesaria la aprobación de una ley de igualdad de trato y oportunidades que garantice los derechos laborales de las personas con VIH; y animó a las y los trabajadores a denunciar cuando les obliguen a realizar pruebas médicas no pertinentes. Raquel Gómez, técnica de Mujer e Igualdad de CC.OO, ha enfatizado la necesidad de analizar los efectos del VIH con perspectiva de género: “La discriminación generalizada de las mujeres se agudiza cuando viven con el VIH”.
Las conclusiones han sido llevadas a cargo por Sara Collado, de la FELGTB, quien ha recordado que no hay que olvidarse de las personas más vulnerables en la lucha contra la serofobia. “Las personas trans con VIH, especialmente las de mayor edad, tienen mucha dificultad para acceder al empleo y son doblemente discriminadas sufriendo diferentes formas de violencia. Trabajar con una mirada de diversidad es fundamental cuando hablamos de derechos”, ha concluido la responsable de la FELGTB.
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