La secretaria de politicas sociales de UGT ha participado en unas jornadas en Palma
Mª Carmen Barrera ha hablado sobre un estudio realizado por UGT donde se detalla que «más del 90% de los solicitantes de Viviendas de Protección Oficial apuestan por alquiler asequible con una posterior opción de compra. El sindicato considera que España necesitaría más de un millón y medio de viviendas públicas y que debería establecerse un plazo de ejecución de 10 años para su construcción de manera que cada año hubiera 150.000 nuevas viviendas públicas”.
La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen Barrera ha explicado, durante la apertura de las jornadas enmarcadas en el 130 aniversario de UGT sobre vivienda que el sindicato ha organizado en Palma junto al Govern Illes Balears y el Ajuntament de Palma que «se debe dar contenido social al parque inmobiliario que posee la SAREB y apostar por la financiación desde entidades con accionariado público como el ICO o, por ejemplo, la actual BANKIA cuyo 60% es del Estado”.
Mari Carmen Barrera ha subrayado la necesidad de llevar a cabo “reformas legislativas urgentes que incorporen el derecho a una vivienda digna y adecuada, como un derecho real que se pueda invocar delante de los tribunales y los poderes públicos de manera que las situaciones de desahucio, de lanzamientos por impago o ejecuciones hipotecarias puedan tener un tratamiento diferente al que tienen actualmente judicialmente hablando”.
“Porque aunque ya no se habla de ello en los medios de comunicación, sigue habiendo desahucios en España. De hecho, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial tasa en casi 57.000 los desahucios en 2018, 37.000 de ellos por impagos de alquiler y casi 19.000 por ejecuciones hipotecarias” ha recordado.
“Ese es el drama de la vivienda en España al que hay que darle una solución que pasa por unas políticas que, a futuro, consigan dar una respuesta desde lo social, con una participación de la financiación de lo público a través del ICO y con una serie de medidas que doten de transparencia a un mercado absolutamente opaco y que ha favorecido todo tipo de especulaciones y la creación de una tremenda burbuja inmobiliaria” ha añadido.
“Queremos que haya más transparencia, mejor gestión desde lo público, control de precios de los alquileres y que, en definitiva, no haya abusos y que los ciudadanos que necesiten una vivienda en condiciones dignas pueda acceder a ella” ha expresado la sindicalista.
La secretaria de políticas sociales, empleo y seguridad social de UGT ha manifestado que, en este momento, “es necesario poner el problema de la vivienda en la agenda política de cara a las elecciones para que, una vez que se celebren los comicios, se pongan en marcha políticas sociales en materia de vivienda”.
“Durante la recuperación económica, entre 2014 y 2018, el precio de las viviendas ha crecido hasta un 26% y el precio de los alquileres hasta un 30%, sin embargo, los salarios han crecido tan sólo un 2,1%. Una situación de absoluta desventaja para los trabajadores porque se puede decir que con la recuperación han crecido los precios de los alquileres hasta 15 veces lo que han crecido los salarios”.
Por eso “es necesario que la inversión en vivienda alcance los niveles europeos y que la dotación de los parques públicos de viviendas sociales alcances cifras como las de Alemania, con un 57%, Holanda, con un 47%, o Inglaterra que tiene hasta un 20% de vivienda social”según las propias palabras de Barrera.
Mari Carmen Barrera ha afirmado que “ahora es el momento de potenciar las políticas que convertirán a la vivienda en un bien social, con el importante efecto que esta tiene sobre la integración social y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y porque cientos de miles de familias en nuestro país no pueden esperar más”.
“Es absolutamente necesario” ha explicado, “que se dote a nuestro país de un parque social de vivienda, gestionado por instrumentos públicos con total transparencia y condiciones igualitarias en todo el país y conseguir que se dote a la vivienda un valor de uso y despojarla del carácter de instrumento de inversión y búsqueda de rentabilidad con su tenencia, tratando de implementar una política de precios de alquiler”.
“Además, es imprescindible que haya mayor transparencia de un mercado, el inmobiliario, cuya opacidad ha favorecido el abuso y la especulación. Para ello hacen falta estadísticas públicas, hasta ahora inexistentes, de precios que permitan actuar sobre los mismos, controlando las subidas abusivas a través, por ejemplo, de la creación de un registro estatal de alquileres turísticos para su control impositivo” ha defendido la secretaria.
“Hace falta una política mucho más decidida de rehabilitación de viviendas y todo ello con un incremento importante de la financiación de la vivienda ya que, en los últimos años, el gobierno la ha reducido prácticamente a cero. El porcentaje del PIB que se destina a vivienda tiene que alcanzar como mínimo el 1,5% del PIB pues sin inversión pública no se pueden solucionar los problemas de acceso a la vivienda y de condiciones dignas. Ese es el camino que desde UGT queremos labrar contando con esta jornada como una herramienta más en el mismo.” ha finalizado Barrera.
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