Los querellantes buscan que el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional sea capaz de obligar al Estado a llevar a cabo la investigación y a llevar ante la justicia a los responsables
El 3 de marzo de 1976, cinco obreros fueron asesinados durante una carga policial en Vitoria: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García, y Bienvenido Pereda Moral. El más joven de ellos tenía apenas 17 años cuando se le arrebató la vida. Fue una de las mayores matanzas durante el periodo de transición, y nunca fue investigada oficialmente, ni los responsables fueron ajusticiados.
La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo trató reiteradamente de que se juzgase favorablemente la querella, llegando hasta el Tribunal Constitucional, que desestimó los recursos contra los archivos previos de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Álava. La justificación para la prescripción del caso tiene como base el hecho de que la legislación vigente de la época no contemplaba el genocidio o los crímenes de lesa humanidad como delitos.
Ante estos hechos, las instituciones alavesas pretenden llevar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la esperanza de que se presione al Estado español para «abordar una investigación judicial eficaz y adecuada, en un marco penal, de aquella agresión policial de carácter criminal que sufrió la clase trabajadora y la ciudadanía de Vitoria en su conjunto«. Dicho comité de Naciones Unidas ya se ha posicionado críticamente ante la impunidad, negligencia, y falta de reconocimiento del Estado en materia de los crímenes cometidos durante la dictadura.
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