UGT recuerda que ofrecer puertos seguros a las personas rescatadas no puede ser parte de las políticas migratorias
La Unión General de Trabajadores se ha pronunciado respecto a la actual situación del Open Arms, que lleva 12 días en altamar pidiendo un puerto seguro para desembarcar a los 151 migrantes a bordo, es sólo un ejemplo más. Italia y Malta, los países más cercanos, se han negado a acogerles, pero ningún otro país de la UE ha dado un paso al frente.
Cristina Antoñanzas, vicepresidenta general de UGT, ha recordado que “ofrecer asistencia a toda persona que se encuentre en peligro en el mar es una obligación internacional que no debería estar condicionada o cuestionada por las políticas migratorias de los estados de la Unión Europea”.
Desde el sindicato se destaca que en los últimos tiempos se ha intentado criminalizar a capitales, tripulaciones, ONG, etc. que realizan labores de rescate de personas en aguas internacionales pero la realidad es que quienes violan el derecho internacional, son los gobiernos que no proporcionan los recursos necesarios para asegurar el auxilio a todas las personas que lo precisan.
Llevamos más de cuatro años en los que se ha incrementado la magnitud de los movimientos migratorios, entre ellos, de solicitantes de protección internacional y esto ha sido utilizado por parte de determinados gobiernos, para generar alarma social y justificar decisiones, políticas y discursos antieuropeistas y xenófobos, que no afectan exclusivamente a la población migrante, ni a la inmigración, sino al conjunto de la población y a los pilares de la Unión Europea.
La crisis de refugiados de la que se habla no es tal, sino una crisis de valores de la Unión, de la que son víctimas, primero los propios migrantes, pero también el conjunto de la sociedad europea y el futuro de la Unión.
Una situación que pone de manifiesto que gobiernos de determinados estados miembros y partidos políticos, también en España, están dispuestos a hacer uso de la migración, de una forma irresponsable esperando así ganar un puñado de votos.
Salvar vidas en el mar, sea de personas migrantes o no, y ofrecer puertos seguros para las personas rescatadas, no es parte de una política migratoria, sino una obligación marcada por normas internacionales, que ningún estado miembro debe, ni le puede ser permitido, eludir.
Para acabar con el negocio de traficantes y tratantes de seres humanos, la solución nunca puede pasar por desproteger a sus víctimas, dejarlas en el mar o devolverlas a países en los que su vida pueda correr peligro. Los pasajes seguros, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, son parte de la solución.
La Unión Europea debe retomar sus principios fundacionales y establecer como prioridad absoluta salvar vidas en el mar con los medios necesarios y sin que ningún estado miembro pueda negarse a ofrecer puerto a embarcaciones que hayan rescatado migrantes.
Europa debe iniciar una senda de normalización, y dejar de abordar la migración como una amenaza o como una situación excepcional. Los migrantes no son un problema, son personas y deben ser rescatados y atendidos con los medios humanos y materiales que sean necesarios y atendiendo a las normas internacionales y el respeto a los derechos humanos.
Debe facilitarse el abanderamiento de buques que realizan operaciones humanitarias de rescate, y no criminalizar las personas que desarrollan los rescates y, frente a la política de refuerzo de la seguridad y control de frontera de la Unión, se retomen las operaciones de búsqueda y salvamento para evitar la pérdida de vidas.
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