La implicación de los maestros en el proyecto político de la II República fue clave, y por ello la dictadura les atacó
Muchos maestros y profesores fueron represaliados, otros tuvieron que huir al exilio, por no hablar de la cantidad de ellos que fueron directamente asesinados.
Pero además, tal y como cuenta Cándido Marquesán Millán en un artículo de Nueva Tribuna, existe otro exilio, el interior, dentro del territorio español, menos conocido, cuya memoria ha estado prácticamente sepultada. Estos maestros del “exilio interior” fueron sometidos a unos procesos de depuración con castigos diversos, además de la cárcel, desde destierro a otras provincias, a la imposibilidad de ejercer provisionalmente su actividad e, incluso, de por vida. Puedes leer este interesante artículo aquí.
El proceso de depuración del magisterio español realizado por el bando sublevado tras el golpe de Estado en España de julio de 1936 se inició prácticamente el 18 de julio, al comienzo de la Guerra Civil, pero no fue legalmente establecido hasta la publicación del Decreto del 8 de noviembre de 1936.
La depuración fue un proceso gubernamental, de profundas consecuencias sociales y culturales, para desmantelar la obra educativa republicana, caracterizada por el laicismo, la coeducación y la introducción de nuevos métodos pedagógicos. La tarea, a partir de 1939, fue encomendada a tribunales designados por la Comisión Superior Dictaminadora, y se desarrolló entre 1940 y 1945. Algunos estudios amplían la fecha de finalización del proceso depurador hasta 1956, año en el que todavía se tramitaban las solicitudes de algunos expedientes de revisión de sanciones.
En total, los especialistas calculan que se sancionó aproximadamente entre un 25% y un 30% de los docentes depurados. Todo ello es una indudable muestra de la importancia que el magisterio iba a tener para el nuevo régimen como elemento fundamental para su consolidación. El gobierno de Franco no necesitaba un cuerpo docente ‘preparado en pedagogía aplicada’, sino una división al servicio del poder.
Desde la Unión General de los Trabajadores, se apoyan y defienden los proyectos, actos y acciones que contribuyen al reconocimiento y el homenaje a la Memoria Histórica de nuestro país, ya que se trata de uno de los principales pilares de la democracia española.
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